Congreso Nacional Indígena: 30 años de resistencia y tensión política en defensa de pueblos originarios

El Congreso Nacional Indígena cumple 30 años como actor clave en la defensa de los derechos y territorios indígenas en México, enfrentando el bloqueo legal, la violencia y complicidades institucionales.

Congreso Nacional Indígena: 30 años de resistencia y tensión política en defensa de pueblos originarios

Congreso Nacional Indígena: 30 años de resistencia y tensión política en defensa de pueblos originarios

El CNI consolida su papel como espacio de organización indígena frente a la violencia, la falta de reformas y presiones del poder estatal y empresarial en México.

El Congreso Nacional Indígena (CNI), coalición que agrupa a decenas de etnias y pueblos originarios de México, conmemoró 30 años como un actor central en la organización y resistencia indígena frente a una estructura de poder estatal y empresarial que ha vulnerado sistemáticamente sus derechos. Desde hace seis años, las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Ciudad de México se transformaron en la sede permanente del movimiento tras una toma simbólica por comuneros otomíes, evidenciando la disputa por el control institucional en materia indígena. El CNI emerge como respuesta directa a la traición gubernamental tras las negociaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el gobierno de Ernesto Zedillo en 1996, cuando la supuesta autonomía prometida quedó desarticulada por una estrategia militar y paramilitar que buscó aplastar la insurgencia. Hoy, los liderazgos indígenas enfrentan una disyuntiva política y ética entre aceptar la cooptación del poder gubernamental a través de recursos y cargos limitados, o mantener una postura combativa sustentada en el ejemplo zapatista y la defensa intransigente de sus territorios ancestrales. Esta segunda postura confronta una violencia estructurada ejercida por grupos paramilitares, narcotraficantes y autoridades coludidas, que perpetúan asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. El reconocimiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como Espacio Samir Flores ejemplifica la resistencia a megaproyectos que afectan a comunidades, en un contexto donde la memoria colectiva indígena aún recuerda tragedias como Ayotzinapa y la masacre de Acteal, hechos con participación o permisividad estatal. A nivel legislativo, las sucesivas administraciones han bloqueado la reforma de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, congelando una agenda aletargada por presiones económicas y políticas de grandes empresas y multinacionales que impulsan la extracción de recursos y representan la constante amenaza al territorio. En la conmemoración del CNI, que reúne a cientos de delegados en asamblea, el discurso político se centra en la memoria, justicia y la urgencia de fortalecer la resistencia ante la violencia del narcotráfico, la complicidad gubernamental y el saqueo territorial. Las voces de las mujeres indígenas y familiares de víctimas resaltan la dimensión social y política de esta lucha multifacética. La jornada concluye con símbolos de identidad y resistencia cultural, en un contexto político donde el poder estatal muestra resistencia a otorgar autonomía real y garantizar derechos plenos a los pueblos originarios.