Inegi revela crisis oculta del desplazamiento interno en México: violencia y desastres desafían al Estado

Por primera vez, el Inegi publica datos oficiales que muestran un fenómeno complejo y silenciado: más de 660 mil hogares desplazados, principalmente por violencia delictiva y vulnerabilidad ambiental, evidenciando el fracaso de las políticas públicas y la falta de respuesta integral del gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado a conocer por primera vez datos específicos sobre el desplazamiento forzado interno en México, un fenómeno oculto en la agenda pública y sin cifras oficiales precisas hasta ahora. Según la Encuesta Intercensal 2025, 661 mil 769 hogares mexicanos han experimentado el abandono forzado de sus viviendas, constituyendo el 1.52% del total nacional.

Aunque el porcentaje parezca limitado, tras estas cifras se muestra una realidad de inseguridad y violencia profunda que obliga a miles de familias a desplazarse dentro del país. El Estado mexicano ha tardado décadas en reconocer formalmente este problema, lo que refleja no solo una insuficiencia institucional, sino una indiferencia frente a esta crisis humanitaria que afecta la estabilidad social y política.

La violencia delictiva es la causa principal del desplazamiento, con 509 mil 917 hogares afectados, es decir, el 77% del total. Esta estadística evidencia el fracaso de las estrategias gubernamentales en materia de seguridad pública y justicia, que no han logrado contener ni revertir este fenómeno. Por el contrario, los territorios con mayor incidencia, como Zacatecas, Michoacán y Morelos, registran más de 2% de hogares desplazados, niveles que deberían encender alerta en los círculos de poder y en la agenda estatal.

Un caso que destaca es Guerrero, donde aunque la violencia genera desplazamiento en 16 mil hogares, el impacto de desastres naturales supera esta cifra, con 21 mil 126 hogares afectados. Esta realidad expone la carencia de políticas públicas robustas para la gestión integral de riesgos ambientales y pone en cuestionamiento la capacidad estatal para proteger a la población ante emergencias climáticas.

La publicación de estas cifras, aunque imprescindible, evidencia la respuesta parcial y fragmentada del Estado frente a esta problemática. La ausencia de un enfoque basado en derechos humanos en el diseño y ejecución de políticas públicas para los desplazados refleja un vacío en la voluntad política que deberá ser atendido con urgencia si se quiere evitar la perpetuación de esta crisis social.

El Inegi cumple con un papel fundamental al ofrecer datos concretos y desglosados que permiten dimensionar el desplazamiento interno. Sin embargo, la verdadera prueba para México estará en cómo se confrontan las causas estructurales —violencia, inseguridad, vulnerabilidades ambientales— y en la construcción de respuestas integrales que desmientan la complacencia oficial y la naturalización de esta tragedia social.