ABANDONO GUBERNAMENTAL: LA CRISIS DE LOS CAMPESINOS EN LA COSTA DE OAXACA

Por: Sagrario Martínez Sánchez

La costa oaxaqueña, cuna de riqueza natural y cultural, enfrenta una crisis devastadora tras el huracán Erick, un ciclón que superó en ferocidad a sus predecesores, Agatha (2022) y John (2024). Estas comunidades, ya curtidas por desastres naturales, han visto su resiliencia puesta a prueba una vez más. La magnitud de los daños y la tibia respuesta gubernamental han transformado la tragedia en un símbolo de abandono sistemático, dejando a los campesinos, pescadores y empresarios turísticos al borde del colapso.

El huracán Erick marcó un antes y un después. Mientras que John, en 2024, mató 200 cabezas de ganado por inundaciones, los vientos implacables de Erick triplicaron esa cifra, dejando 700 reses muertas y potreros devastados. La agricultura no corrió mejor suerte: 170 hectáreas de cultivos estratégicos como plátano, papaya, coco y limón fueron arrasadas, privando a cientos de familias de su sustento. Este desastre expone la fragilidad de un sector primario que lucha contra la adversidad sin apoyo suficiente.

El impacto en la pesca y el turismo, pilares de la economía costera, fue igualmente brutal. En Puerto Escondido, el muelle principal y la bodega de la Cooperativa de Pescadores Coyuqueros quedaron destruidos, con seis embarcaciones arrastradas por el mar. En San Pedro Pochutla, cinco lanchas y 15 motores se perdieron en comunidades como Zipolite y Puerto Ángel. La suspensión de actividades en 187 embarcaciones turísticas, 120 dedicadas a la pesca, refleja una parálisis que amenaza la supervivencia de miles de familias.

El turismo, motor económico de la región, sufrió un golpe devastador. En San Pedro Mixtepec, 15 restaurantes fueron dañados, dos de ellos completamente destruidos en la playa Manzanillo. En Santa María Tonameca, 200 restaurantes, 40 de ellos pérdida total, dejaron en ruinas destinos como Mazunte y San Agustinillo. La ocupación hotelera en Puerto Escondido y Huatulco cayó a menos del 55% y 33%, respectivamente, evidenciando una crisis que trasciende lo material y paraliza la cadena económica.

La respuesta inicial del gobierno fue enviar miles de socorristas y una inversión de 2 mil 028 millones de pesos para 60 mil familias en Oaxaca y Guerrero. En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara movilizó a su gabinete y legisladores, quienes llevaron despensas, ropa y láminas a las zonas afectadas, apoyados por colectas ciudadanas. Sin embargo, estas acciones, aunque bien intencionadas, fueron un paliativo temporal, un “por mientras” que no aborda la reconstrucción de medios de vida ni mitiga el impacto económico a largo plazo.

JORNALEROS Y PRODUCTORES SUFREN UNA CRISIS FINANCIERA

A más de dos meses del desastre, la ausencia de una declaratoria de desastre, pese a la solicitud de emergencia de 55 municipio, ha generado una crisis financiera y legal. La justificación oficial, que los daños no superaron los “umbrales” requeridos, ignora la desaparición del FONDEN, el fondo que antes garantizaba recursos para la reconstrucción. Este vacío ha dejado a los afectados en un limbo, dependiendo de un modelo de apoyos directos que promete rapidez y transparencia, pero que resulta insuficiente.

Los montos asignados son un reflejo de esta insuficiencia. Los 7 mil 500 pesos para pérdidas agrícolas no cubren la rehabilitación de 170 hectáreas de cultivos, ni los 5 mil a 20 mil por ganadero reemplazan 700 cabezas. Los campesinos, con tierras “muertas” e incapaces de producir, ven estas cifras como una burla. La falta de recursos adecuados no solo limita la recuperación, sino que perpetúa la vulnerabilidad de comunidades que dependen de la agricultura y la ganadería para sobrevivir.

La pesca y el turismo, igualmente golpeados, enfrentan un futuro incierto. La destrucción de infraestructura como muelles y bodegas ha anulado la capacidad de los pescadores para generar ingresos. La parálisis de embarcaciones turísticas y la caída en la ocupación hotelera no son solo pérdidas materiales: representan la ruptura de una cadena económica que afecta a toda la región. Este impacto en cascada agrava la crisis, dejando a comunidades enteras sin flujo económico.

PROTESTAS Y BLOQUEOS SIN RESPUESTAS

Harta de promesas vacías, la población recurrió a la protesta. El 12 de agosto de 2025, campesinos bloquearon la carretera federal 200, el Aeropuerto de Puerto Escondido y puntos clave como el puente Río Verde en Jaltepec. Exigen semillas, fertilizantes y apoyos directos, no créditos que acumulen deudas impagables. En municipios como Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec, las pérdidas, estimadas en millones, han exacerbado la inseguridad alimentaria, especialmente en comunidades afromestizas y mestizas.

Aunque algunos sugieren motivaciones políticas detrás de las protestas, posiblemente impulsadas por el PRI para presionar al gobierno morenista, los campesinos insisten: su lucha es por hambre y supervivencia. La respuesta gubernamental, limitada a una mesa de diálogo con un representante de la Secretaría de Gobernación que admitió la falta de recursos, ha sido decepcionante. La oferta de créditos y “seguimiento” a sus demandas no satisface las necesidades urgentes de los afectados.

En Pinotepa Nacional, los productores denuncian que los censos posteriores al desastre no se traducen en ayuda real. Las visitas de Salomón Jara, más enfocadas en la imagen que en soluciones concretas, han alimentado el desencanto. Programas como Producción para el Bienestar 2025 han beneficiado a regiones como la Mixteca, pero la costa permanece relegada, recibiendo solo despensas básicas y semillas inadecuadas para tierras devastadas.

Expertos y líderes campesinos alertan sobre una crisis más amplia en el sector primario, agravada por la priorización de apoyos asistencialistas sobre la productividad. El desinterés hacia comunidades afromestizas, que enfrentan inseguridad alimentaria en un 22.5% de la población, profundiza la desigualdad. Organizaciones como Catholic Relief Services destacan la resiliencia de los agricultores, quienes buscan prácticas sostenibles, pero necesitan apoyo urgente para evitar el colapso.

LAS PROMESAS NO LLEGAN A LA COSTA

La Secretaría de Agricultura se sumó a esfuerzos de ayuda en julio, pero la falta de coordinación con autoridades locales ha limitado su impacto. Las promesas de políticas inclusivas, como las anunciadas en junio de 2025 para fomentar el arraigo rural, no se han materializado en la costa. Los campesinos, unidos, exigen una estrategia real que priorice la reconstrucción de infraestructura y la protección contra futuros desastres.

El modelo actual de gestión de desastres, aunque eficaz en salvar vidas, falla en la recuperación económica. Los montos fijos, en ausencia de un fondo como el FONDEN, no bastan para restaurar medios de vida. La experiencia de las comunidades afromexicanas subraya la necesidad de un enfoque equitativo, adaptado a las realidades socioeconómicas de la región.

La crisis en la costa oaxaqueña es un grito de auxilio ante un sistema que privilegia promesas sobre acciones. Sin una intervención inmediata como apoyos directos, reconstrucción y políticas inclusivas, la región enfrenta una catástrofe humanitaria. El gobierno de Salomón Jara y la administración federal deben responder con soluciones concretas para salvar a esta tierra rica pero olvidada, antes de que el abandono la condene al olvido definitivo.

Sagrario Martínez Sánchez / luciasagrariomtz@gmail.com

Afiliada al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)