Agresión a periodista en Tecate evidencia omisión y riesgos para la prensa en Baja California

El ataque contra Jorge Ismael Caro Romo desnuda la falta de protección estatal y la impunidad que enfrentan los periodistas en la frontera, en un contexto donde la violencia impacta la libertad de expresión y el derecho a la información.

El 10 de octubre, el periodista Jorge Ismael Caro Romo, corresponsal de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), fue víctima de una agresión armada en su domicilio de la colonia Lomas de Santa Anita, Tecate, Baja California. La acción violenta no solo implicó amenazas directas, sino la confiscación de su dron, teléfono y equipo de trabajo, incidentes vinculados con su labor informativa que incomoda a ciertos actores en la región. Este episodio expone una reiterada carencia de protección para periodistas en la zona y refleja la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido señalada por demoras y falta de diligencia en el trámite de la denuncia presentada, lo que profundiza la percepción de impunidad. Sonia de Anda, presidenta del colectivo #YoSíSoyPeriodista, advierte que la postergación formal en la investigación favorece un ambiente donde la violencia contra la prensa parece tolerada.

Ante esta situación, el 14 de octubre, decenas de periodistas de Tecate se congregaron para manifestar su rechazo y visibilizar los riesgos que enfrentan. Además de una protesta pública, utilizaron drones, fotografías y videos como símbolos de la resistencia y la necesidad de informar pese al miedo.

Aunque el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) condenó el ataque y pidió medidas urgentes, la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente. Edgardo Flores Campbell, presidente del CCSPBC, ha exhortado a evaluar riesgos para brindar protección, pero la persistencia de amenazas y la sombra del crimen organizado mantienen a los periodistas en una situación precaria.

Este caso es un reflejo del contexto político y social que atraviesan los periodistas en Baja California: un sistema que falla en resguardar la integridad de quienes cubren la realidad y, con ello, debilita una sociedad que depende del acceso a información veraz y oportuna. Sin una intervención efectiva que garantice la seguridad y justicia, la libertad de expresión en la región seguirá bajo amenaza, afectando directamente la calidad democrática y el estado de derecho.